A inicios de año el Panel Intergubernamental de Cambio Climático dio a conocer la grave situación climática que se avecina, ante esto el Sr. Presidente de la República manifestó en Naciones Unidas que en los próximos años El salvador iba a reducir los gases de efecto de invernadero en 17% como señal de contribución a resolver tal problemática. Sin embargo, las medidas que se toman o dejan de tomar en el país muestran que tal afirmación carece de toda veracidad por las siguientes razones:

•  La generación de electricidad continúa siendo de las principales emisoras de gases de efecto de invernadero, por ejemplo en la Unión se ha dado permiso a una planta generadora de electricidad que utiliza gas natural y se está a punto de dar permiso a otra que utiliza carbón mineral, ambos generadoras de tales gases.

•  La deforestación, alta contribuyente a la generación de gases de efecto de invernadero, continúa siempre galopante, para dar paso a urbanizaciones y carreteras, muchas de ellas ilegalmente realizadas por constructoras privadas y por el gobierno central. Como casos emblemáticos se pueden citar la Cordillera El Bálsamo y la Finca El Espino.

•  El sistema de transporte no está siendo cuestionado ni en su estructura ni en sus objetivos, más aún el gobierno fortalece el sistema al incrementar vías de comunicación sin cuestionar la eficacia del mismo, todo esto garantiza un incremento en la emisión de gases.

•  La agricultura, también alta contribuyente a la generación de gases de efecto de invernadero con el amplio uso de agroquímicos y maquinaria, sigue los mismos patrones, de hecho el gobierno está promoviendo más de lo mismo con el cultivo de agrocombustibles para la producción de etanol y biodiesel,

•  La industria nunca ha sido sensibilizada. Mucho menos cuestionada en sus patrones de consumo  de combustibles fósiles lo cual significa un incremento continuo de gases.

Alarmante deterioro de ecosistemas

Con los cambios en el uso del suelo, muchas veces realizados y promovidos por el gobierno central, no solo se contribuye a la gravedad del cambio climático sino que además se deterioran gravemente los ecosistemas destruyendo la biodiversidad, el habitat de muchas especies, afectando seriamente la disponibilidad del recurso hídrico y generando inundaciones en las partes bajas; todo esto tiene como resultado un incremento en la vulnerabilidad de las poblaciones vecinas.

Como fuerte amenaza al deterioro de ecosistemas está la presión realizada por corporaciones internacionales en alianza con grupos económicos nacionales, para introducir la minería en gran escala en el país, ya que de tener éxito estos esfuerzos se tendría un gran impacto en la existencia de bosques y el recurso hídrico, tanto en su disponibilidad como en la contaminación. La amenaza se vuelve más descarada cuando con el apoyo de técnicos e intelectuales disponibles en el mercado, estos proyectos dañinos se pretenden cubrir con un ropaje de minería verde, inventando toda una serie de falsedades.
 
Falta de visión en el manejo de los desechos

La discusión pública entre el gobierno central, la Asamblea Legislativa, autoridades municipales y algunos comerciantes, se reduce a los aspectos legales e ilegales de la disposición final de desechos, lo cual en términos ecológicos es básicamente irrelevante, ya que tanto los botaderos a cielo abierto como los llamados rellenos sanitarios son focos de contaminación. Lo más grave de esta discusión es que no contempla la necesidad de implementar una gestión sustentable que comprenda aspectos como reducción, compostaje y reciclaje. También es lamentable que bajo el ropaje de preocupaciones ambientales se oculten intereses económicos y políticos dañinos.  

Injusticia ambiental

Siempre continúan presentes las amenazas de injusticia ambiental cuando corporaciones como la CEL buscan construir presas como El Chaparral y el Cimarrón, dañando a miles de lugareños al inundar los terrenos de varios municipios o destruir sus fuentes de vida, para beneficiar a otros sectores industriales y comerciales. A esto hay que agregar que CEL actúa en forma ilegal cuando no se realizan las consultas públicas que demanda la ley sino que se sustituyen por reuniones prefabricadas para dar la apariencia de que se está cumpliendo un requisito legal. Lo mismo puede decirse de la construcción de carreteras como la Longitudinal del Norte donde lo que prevalece son intereses de grandes empresas o visiones desarrollistas económicas de corto plazo, generando serios daños al ambiente.

Serios niveles de contaminación e impunidad

Este año hubo una explosión de información sobre la contaminación con plomo generada por la empresa Baterías de El Salvador, un hecho que venía dándose por varios años a ciencia y paciencia de las autoridades. A pesar que son centenares y probablemente miles de personas de todas las edades las que han sufrido los impactos, además de la contaminación de la zona, la empresa continúa alegando su derecho a seguir trabajando y el gobierno central ha actuado como si fuera cómplice del daño realizado. También es de lamentar que ANEP haya salido en defensa de su socio, mostrando a todas luces que para ellos las ganancias económicas de tal empresa son más importantes que la vida de las personas.

Como causa fundamental de esta problemática ambiental se tiene un sistema económico nacional e internacional impulsado por grandes corporaciones, en alianza con grupos económicos locales y órganos de gobierno, donde la prioridad fundamental es la generación de recursos económicos a corto plazo para las arcas de los grandes empresarios, a costa de los problemas sociales de la población y el deterioro de la naturaleza.

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