Silvia Orellana | Diario CoLatino

La construcción de la Presa «El Chaparral», a cargo de la CEL, mantiene en zozobra a pobladores de San Antonio del Mosco, San Miguel, quienes a diario enfrentan amenazas de “promotores” armados y las incursiones nocturnas del ejército nacional, con el fin de presionar a vender sus terrenos.

La Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), se mantiene enfrentada a los pobladores de los caseríos, que serían afectados con la inundación de sus terrenos con la construcción de la represa El Chaparral, que se desprende de los proyectos que constituyen el Plan Puebla Panamá (PPP), incluso Colombia, acompaña la iniciativa, con el fin de crear un corredor de venta de energía hidroeléctrica para el mercado internacional.

Uno de los afectados, que prefirió no dar su nombre, afirmó que los promotores de la CEL, se jactaban que sus armas y municiones no tenían registro; por lo tanto, podrían emplearlas y no tendrían evidencias para ubicar a los hechores.

“Nosotros nos hemos venido negando por más de seis años, a esta iniciativa del Gobierno, que no trae nada bueno.

Los promotores son gente del caserío Santa Rosa de la zona, y ellos no tienen dinero para comprar armas y municiones; por eso, creemos que pueden hacer algo grave contra todos nosotros… porque no pensamos vender nuestra tierra ”, explica.

La tensión en ambas partes se ha visto al alza, tras el traslado de la oficina de CEL, de Carolina a San Luis La Reina, en San Miguel, que se traduciría en el inicio de la construcción de la represa.

“Ellos nos convocaron a una reunión el 30 de octubre donde toda la población se negó a reunirse, porque ya habíamos tomado una decisión. .. hasta los niños se están acuerpando para defender la tierra… ¿No sé qué hará el Gobierno frente a esto? porque hasta han amenazado al Padre Antonio”, añadió.

Añadió que el 1 de septiembre, tres soldados de la Tercera Brigada de Infantería, incursionaron a su hogar y le increparon a salir, pero al no responder, le tiraron patadas al “tapesco”, (puerta de bambú) de su casa. Pese a que interpuso una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), no ha recibido resolución.

“Lo tremendo es que eran las 11:20 de la noche; y esa hora no era apropiada, por eso lo tomamos como una amenaza, sabían los nombres de la gente y el lugar donde vivían y sabemos que en la mañana una persona pasó señalando junto a ellos las casas.

Yo no salí porque mi esposa lloró diciéndome que no respondiera, por la niña que tenía sólo 3 días de nacida”.

Los militares se situaron en las riberas del río Torola, a 200 metros de la casa de Félix, donde estuvieron disparando, supuestamente para amedrentar; provocando crisis nerviosas a los habitantes. “Uno de nuestros vecinos murió entre desvaríos y le decía a la esposa que cerrara la puerta, que venían los de CEL a quitarles la casa”, recordó.

Por su parte, Jorge Díaz, de SERCOBA, explicó que este “combo de proyectos”, han venido generando además de zozobra entre la gente, amenaza el ambiente, el trabajo, seguridad alimentaria y empleo, aseveró.

“Las represas, la minería, la longitudinal del Norte, la privatización del agua, es una realidad, tenemos datos que alrededor de un mil 447 kilómetros cuadrados van a afectar a un país de por sí, ya muy pequeño… queremos alertar a la gente, que no caiga en el miedo de las campañas engañosas de CEL, que la construcción es un hecho, pero vamos a defender la zona”.

Díaz, agregó que el trabajo que realizan entre embajadas acreditadas en el país y organismos internacionales, ha tenido eco, y citó como ejemplo la sede diplomática de Honduras, que les ha pedido mayor información sobre estudios de impacto ambiental y de factibilidad para la obra.

“Nosotros somos la sociedad civil, no tenemos recursos económicos y humanos; además el Gobierno es el encargado de hacerlos. Contamos con datos obtenidos por un estudio realizado por CÁRITAS El Salvador, Universidad de El Salvador, y la UNES, que es totalmente dispar al presentada por CEL.

“El informe de CÁRITAS (El Salvador), señaló que habrá 500 familias afectadas directamente… pero el otro informe sólo habla de 150… o sea, han manipulado los datos para tratar de ocultar el daño a la gente, a la zona y al medio ambiente”, añade.

Aunque no hay una fecha en específico para iniciar la construcción de las presas El Chaparral y El Cimarrón, consideran que la fecha límite es el próximo 13 de noviembre.

Alexander Ramos, de CEICOM, añadió que darán apoyo a la población frente al PPP, que pretende crear un corredor de interconexión eléctrica llamado SIEPAC.

“Ese mismo día que tuvimos la visita de la gente de La Honda y La Fragua, llegaron los soldados… esto no se puede manejar de esta forma, si la misma ley de Medio Ambiente manda a realizar consultas públicas y proveer de toda información a los afectados, las personas que han vendido sus terrenos han sido terratenientes que no viven en la zona y el alcalde en Agua Caliente, es miembro del partido oficial. No vamos a permitir que no se escuche a la población y proseguiremos en la defensa de la gente y la zona”, advirtieron.