Empresa Minera Pacific Rim demanda al Estado Salvadoreño por $ 77 millones.
La minera Pacific Rim Cayman LLC, radicada en Nevada, Las Vegas, EUA;
quien tiene como filiales a Pacific Rim Mining Corp., y Dorado Exploraciones, S.A. de
C.V. interpusieron una demanda al Estado salvadoreño, argumentando la pasividad del
último para otorgar la concesión de explotación de oro y plata, pese a que la empresa
dice haber cumplido con los requerimientos legales que le establece la ley nacional (Ley
de Minería y Ley de Medio Ambiente).
Es así, que las empresas representadas bajo el nombre de Pacific Rim Cayman
LLC, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica
y Republica Dominicana (CAFTA – DR por sus siglas en inglés) demandan al Estado
por una cantidad inicial de US$77 millones de dólares, en concepto de indemnización
por daños a la inversión realizada en nuestro suelo.
El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio CEICOM, en un primer
esfuerzo para informar a la población y advertir el impacto que esta acción empresarial
tiene sobre la sociedad salvadoreña, presenta esta Investigación Especial de Coyuntura
sobre el tema, de modo que pueda servir de insumo, tanto para informar a la población
en general, así como de generar luces para enrumbar el análisis de esta problemática.
De igual forma, es un irrespeto a la soberanía nacional que, una empresa se
valga de instrumentos jurídico-comerciales como el CAFTA – DR, el cual fue firmado
y ratificado pese a la negativa y advertencias que el movimiento social hizo sobre los
impactos que este representa para el país. Por lo cual, se sigue enfatizando la
inconstitucionalidad de dicho acuerdo y por consiguiente la ilegitimidad de dicha
demanda. Cuyo pago representaría un atentado contra la población, dado que son
recursos del pueblo y para el pueblo, y no para resarcir “daños” a una empresa que no es
grata a la población y por otra parte viola los derechos humanos de la población
salvadoreña. En definitiva este hecho sienta otro precedente negativo ante la inversión
extranjera explotadora y contaminante, en el marco del CAFTA-DR.